En la crisis del Estado del bienestar está influyendo la ineficacia del Estado Social, donde la ocupación estatal de espacios en los que es posible obtener rentabilidades económicas mayores o mayor eficiencia, lleva a promover políticas de privatización de grades sectores de la actividad pública con el fin de poder ser explotados por sujetos privados en la creencia de aumentar la creación de riqueza y con ello el crecimiento económico.

El papel del Estado, según algunos no cambia, cambiando su forma de actuación; el Estado prestador se convierte en Estado regulador, para regular y vigilar a quienes lo hacen por él, para garantizar que los servicios, que son esenciales se presten adecuadamente.

La función social del Estado, conseguida después del Estado liberal clásico y nacida a mediados del siglo XIX, no puede sucumbir a la corrupción generalizada, las nuevas estructuras territoriales, nuevas Administraciones autonómicas, o a la creación de empresas con capital público que en nada mejoran en muchos casos la eficiencia ni la rentabilidad de la gestión.

Por otra parte hay servicios públicos, pilares de nuestro actual Estado del bienestar como son la Sanidad, la Educación y la dependencia que bajo ningún concepto pueden ser gestionados por la gestión privada ya que su función social se contrapone a su  rentabilidad económica. Debemos de plantearnos si queremos para determinados servicios buscar rentabilidad o primar la labor social del Estado que queremos.